Para poder organizar estos recursos, la división administrativa está actualmente estructurada en tres escalones. La Comunidad está dividida en 11 áreas sanitarias; cada área incluye varios municipios, que tienen un hospital de referencia; y cada municipio está divido a su vez en áreas básicas de salud, que tienen su centro de especialidades correspondiente y que envían a los pacientes al hospital de referencia del municipio.
Los madrileños, según la Ley Estatal de Cohesión y Calidad de la Sanidad y la LOSCAM (Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad) y otras dos leyes anteriores a 1994, pueden elegir libremente médico en Atención Primaria, en el Centro de Especialidades y en su hospital siempre que sea organizativamente posible, que no se interrumpa un tratamiento y que esté dentro del área que les corresponde. Según el PSOE, cambiar de médico es tan fácil como solicitarlo. Sin embargo, según el consejero de Sanidad, Juan José Güemes, la burocracia dificulta el ejercicio de este derecho.
Centralización e incentivos
La nueva Ley de Libertad de Elección (consulte aquí el anteproyecto de Ley) pretende que se pueda elegir médico de Atención Primaria y Especializada, pediatra de Atención Primaria y enfermera en todos los centros de la Comunidad de Madrid. Para ello, establece la creación de una única área sanitaria con un mando central desde el que se tomarán todas las decisiones organizativas y de recursos. Sólo quedarán excluidas de esta libre elección las especialidades de anestesia, anatomía patológica y las pruebas de laboratorio por tratarse de servicios centralizados.
Sólo se podrá denegar el cambio solicitado cuando un médico tenga completo su cupo de 1.500 tarjetas y no quiera admitir más. No obstante, cada médico recibirá incentivos si resuelve más casos, es decir si tiene más pacientes lo que según PSOE, IU, CCOO, UGT, el sindicato médico FEMYTS, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) y la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública(ADSPM) supondrá la caída en picado de la calidad asistencial.
En sólo cinco páginas (con un prólogo que ocupa las dos primeras), el nuevo proyecto de ley no regula en realidad la libertad de elección, ya que en él se afirma (así lo apunta el informe jurídico que acompaña la ley), que ésta ya existe. Por ello, los opositores a la ley advierten que la libertad es sólo "una cortina de humo" para lograr algo más grave: implantar un área única sanitaria que alejará las decisiones de las gerencias de los centros de salud y de área, impedirá un correcto reparto de los medios humanos y materiales, creará una competencia perniciosa entre los profesionales de un servicio público y dejará en manos de los pacientes el problema de las listas de espera. La ley, tan escueta, deja en manos del Gobierno todo el desarrollo reglamentario, "sin ningún control político ni ciudadano", apuntan sus opositores.
"Cuando haya problemas dirán que es culpa de los pacientes por ir todos al mismo médico", censuran desde IU. Juan José Güemes, consejero de Sanidad, asegura que esto no ocurrirá ya que los pacientes tomarán las decisiones de forma lógica y acudirán a los centros más próximos salvo excepciones. "No va a ir todo el mundo al mismo médico", recalca.
Problemas humanos y técnicos
Los profesionales no son de la misma impresión. Para empezar, FEMYTS exige que en lugar de modificar el actual sistema, que funciona con sus imperfecciones, se proceda a multiplicar la inversión. El sindicato se cierra en banda a que los médicos puedan ser trasladados a voluntad de la Administración con el argumento de que estarán en una única área sanitaria. De ponerse en práctica el área única, SATSE ya reclama para los enfermeros/as un cupo máximo de pacientes y una retribución más elevada acorde con ello.
El colectivo de informáticos de Sanidad, APISCAM, insiste, por su parte, en que con el actual nivel de incompatibilidad de sistemas y con las dificultades de digitalización de los historiales médicos (que debería poder ser consultado on line desde cualquier centro médico de la región) la libertad de elección es organizativamente imposible. Según Lucas Fernández, portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, ésta es una de las razones que han llevado al Gobierno de Esperanza Aguirre a retrasar, primero de enero al verano y ahora a octubre de este año, la aprobación del área única y la libertad de elección. "Después habrá dos o tres meses de desarrollo reglamentario y nos iremos a 2010", apunta Fernández. Sanidad asegura sin reparos que la norma estará lista antes de final de año.
