A los detenidos en esta operación, dirigida por Garzón y la Fiscalía Anticorrupción, se les imputa delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita. Las detenciones del viernes fueron practicadas por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) de la Comisaría General de Policía Judicial.

Los arrestados en la operación contra la corrupción en la Comunidad de Madrid son cinco: los empresarios Pablo Crespo Sabaris, Francisco Correa Sánchez, la mujer de éste último, María del Carmen Rodríguez Quijano, Felisa Jordán y Antoine Sánchez.

El juez de la Audiencia Nacional y la Fiscalía ordenaron a los agentes requerir documentación a los ayuntamientos madrileños de Boadilla del Monte y Majadahonda. De hecho, el alcalde del primer municipio, Arturo González Panero (PP), confirmó en una rueda de prensa convocada el pasado viernes que la Justicia le ha solicitado información de tres empresas relacionadas con la Administración local y sobre la adjudicación de una parcela a la sociedad UFC.

Las empresas en cuestión son Easy Concept, encargada de la Oficina de Atención al Ciudadano; Pasadena Viajes, una agencia pequeña de viajes con la que el Ayuntamiento ha contratado para desplazamientos de hermanamiento; y Servimadrid Integral, una compañía que, según fuentes municipales, es desconocida para los miembros del Consistorio.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Majadahonda, también popular, no quisieron precisar el tipo de documentación solicitada por los agentes después de recalcar que no existen ninguna vinculación del Consistorio con la supuesta trama de corrupción urbanística ni con los arrestados. Además, apuntaron que la Policía no ha practicado detenciones de cargos municipales o empresas relacionadas con la localidad.