Según les puede adelantar Madridiario, la propuesta lanzada por la Comunidad de Madrid en la Mesa de la Función Pública -y que todavía está en negociación-, permitiría a los funcionarios acudir tanto al Sanidad pública como la entidad privada que contrate el Ejecutivo Autonómico, en lugar de elegir obligatoriamente entre una y otra vía, como ocurría hasta el pasado 1 de enero. Se les asignaría un médico de cabecera en su centro de salud y los correspondientes especialistas en su hospital público de referencia, todo ello pagado con fondos públicos. Pero además, y aquí está la novedad, tendrían especialistas médicos privados financiados por las arcas regionales en caso de que quisieran recurrir a él por motivos de preferencia o, simplemente, por rapidez.

El tipo de especialistas (Digestivo, Cardiología, Ginecología y Obstetricia, Oncología etc.) al que podrían acceder estaría regulado por un catálogo pactado entre ambas partes. En el caso de la Atención Primaria, los funcionarios serían atendidos como hasta ahora en sus correspondientes centros de salud.

Representantes sindicales y de la Comunidad de Madrid han confirmado a este digital que estos son los términos en los que se está desarrollando la negociación. Ahora bien, los sindicatos niegan que, tal y como informó Administración, se les haya propuesto que sus familiares directos dejen de ser beneficiarios del sistema, ya que esto supondría que estos verían interrumpidos sus tratamientos.

Pagar dos veces por lo mismo
El nuevo sistema de atención sanitaria para funcionarios tiene una pega. Lo que puede parecer una ventaja para los trabajadores, ya que podrán pedir una segunda opinión médica, se convierte en un problema para las arcas de la Comunidad, ya que deberá pagar dos veces (una a la colaboradora y otra vía sanidad pública) cuando un paciente utilice ambos medios.

Fuentes regionales aseguraron a Madridiario que estos casos serán mínimos, ya que consideran que la segunda opinión sólo se solicita para casos extremos o especialmente graves, por lo que no se convertiría en la tónica general. Apuntan, por ejemplo, a casos como los de Ginecología, donde los trabajadores preferirían siempre acudir por vía privada dado que las consultas en la Sanidad pública están saturadas. En este sentido, recalcan, se conseguiría "aliviar" la presión que sufren estas áreas en el sistema público, que por lo tanto también resultaría beneficiado, ya que más de 63.000 funcionarios no desembarcarían de golpe en él, como de hecho ha sucedido y se mantendrá hasta que se llegue a un acuerdo.

¿Solución de transición?
Por el momento los sindicatos se muestran cautos respecto a la propuesta de la Comunidad. Fuentes de CCOO, UGT y CSIT consultadas por este digital apuntan que, si bien su postura es a favor de los servicios públicos y la reducción al mínimo de la colaboración privada, la asistencia por entidades colaboradoras a los funcionarios es un derecho adquirido difícil de suprimir. Por ello, plantean que esta sea una solución temporal y que en el futuro puedan pasar a un sistema público que refuerce su atención y preste otros servicios, como por ejemplo una completa atención bucodental. De momento, se mantienen a la espera de que la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior les convoque de nuevo a la Mesa de la Función Pública para terminar de definir el nuevo sistema.