Con "nocturnidad". Así describieron los vecinos las obras de derribo de la antigua cárcel de Carabanchel, que comenzaron este lunes poco después de medianoche. El 3 de octubre el Ayuntamiento de Madrid otorgó la licencia de derribo de la cárcel, después de que el pasado 16 de junio el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Madrid cerraran una ardua negociación sobre los equipamientos que se incluirían en el espacio que se generase. Según el acuerdo, se estableció la creación de un hospital público, diversos equipamientos públicos y viviendas protegidas.

En este contexto, los vecinos no reaccionaron a tiempo. Cuando quisieron darse cuenta, tres grúas ya habían comenzado a funcionar. Guardias de seguridad con perros les impedían parar las obras. "Se ha derribado con nocturnidad y sin esperar que se dilucide el futuro del edificio", denunciaron Pedro Casas y Jesús Claudio, miembros de La Plataforma por un centro para la paz y la memoria en la antigua cárcel de Carabanchel.

Paralización judicial
Recordaron, además, que el Juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón va a solicitar informes sobre la cárcel en el contexto de su investigación de los crímenes del régimen franquista, que podrían conllevar la paralización del derribo.

Asimismo, subrayaron que la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, se comprometió el pasado miércoles con los representantes vecinales y de ex-presos a estudiar el tema y dar una contestación definitiva el 22 de octubre. "Por todo ello es muy grave la actitud del gobierno, por no esperar las decisiones de las otras instancias del Estado, y cuyas intenciones ya se pusieron de manifiesto el pasado domingo al impedir con perros la visita de unos vecinos al interior de la cárcel", indica la Plataforma.

Manifestación
No se quedaron parados, unos 500 vecinos y ex-presos, con el apoyo de Izquierda Unida de la Asamblea de Madrid y del Ayuntamiento, se concentraron frente a la cárcel para protestar por este comienzo "vergonzante" del derribo, "con nocturnidad y sin esperar a que se pronuncien todos los poderes públicos que tienen previsto hacerlo". Al grito de "esta cárcel no se tira", las asociaciones vecinales anunciaron que estudian nuevas manifestaciones y hasta llevar el caso al Parlamento Europeo, aunque reconocen que es una situación "complicada" debido a la unión de los dos grandes partidos españoles, PSOE y PP.

La portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés, afirmó sobre el terreno que hay espacio para mantener la cúpula de la antigua cárcel de Carabanchel, que podría albergar un centro de la memoria, la paz y la convivencia como demandan los vecinos, así como equipamientos sociales, culturales y sanitarios pero "igual no caben las viviendas que quería Instituciones Penitenciarias". Sabanés manifestó que "otra cosa es que las tres administraciones implicadas -la local, la regional y la estatal- se empeñaron en meter con calzador las viviendas para sacar aprovechamiento económico de la cárcel". Anunció que se pedirá la paralización de las obras en todos los niveles administrativos.

"Atropello"
Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de IU de Madrid, Ángel Pérez,  calificó de “impresentable atropello y falta de respeto a los representantes sociales y a los vecinos" el derribo. “Se han ignorado de manera despectiva todas las iniciativas de partidos políticos, asociaciones, colegio de arquitectos, las resoluciones judiciales e incluso del propio Congreso que hoy debate una propuesta sobre este asunto”.  Asimismo, tildó de “asombrosa” la diligencia mostrada por el Ayuntamiento de Madrid para agilizar la licencia de demolición de la Cárcel de Carabanchel.

El edil concretó que la licencia de derribo se ha aprobado en 101 días cuando lo ‘normal’ es que sean 163. “Esta eficacia, evidencia que las cosas pueden funcionar bien siempre que se quiera o siempre que el señor alcalde tenga prisa por llevar a cabo un proyecto”. “A partir de ahora será difícil justificar el porqué de tantos retrasos cuando está demostrado que se puede hacer en un tiempo récord”.

Reunión parlamentaria
El presidente de la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), Ángel Martínez Sanjuán, desmintió por su parte que hayan comenzado los trabajos de demolición a pesar de que las máquinas que se encargarán de ello ya se encuentran en el lugar.

Los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya, así como numerosas instituciones sociales y vecinales pidieron que se construyese en el lugar un centro de memoria histórica, conservando algunas zonas del complejo. Principalmente, la cúpula y sus alrededores. En este sentido, la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados debatió la petición. Por otros motivos, los artísticos y culturales, el Colegio de Arquitectos de Madrid pidió que se conservase la cúpula del antiguo centro penitenciario franquista, que dejó de funcionar a finales de la década de los 90 del siglo pasado. Solicitaron que se incluyese en el Catálogo de edificios protegidos por su importancia arquitectónica.