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Distintos grupos de adjudicatarios de este plan han denunciado en repetidas ocasiones que están padeciendo deficiencias en la gestión tales como ocupaciones ilegales, pagos de IVA irregular, malas calidades, retrasos en las entregas o desatención de la Administración.
En este sentido, la Comunidad de Madrid afirma "no entender" las críticas a un contrato legal, que se firma libremente, y que "supone un ahorro muy importante respecto al precio del mercado libre". "En la actualidad, estos vecinos están pagando un alquiler inferior a 450 euros por una vivienda de 70 metros cuadrados construidos con garaje y trastero", explican en el comunicado.



































