La propuesta la lanzó el consejero Francisco Granados en la constitución de la Mesa de la Función Pública, el órgano en el que Administración y representantes de los trabajadores establecen las reglas de su relación. Esta supone que 63.405 empleados públicos seguirán siendo atendidos por un médico privado pagado por las arcas regionales en un régimen similar al existente hasta ahora.

CCOO, UGT y CSIT han dado su visto bueno inicial a pesar de que no podrán hacer uso del mismo sus cónyuges o hijos, que sí deberán acudir a la Seguridad Social, según explicaron a Madridiario fuentes de la Consejería de Presidencia. Ahora bien, mientras el acuerdo no sea firmado los trabajadores deberán acudir por defecto al sistema público. De hecho, los funcionarios regionales ya han comenzado a recibir cartas comunicándoles que el 1 de enero dejarán de tener médico privado, tal y como impone la normativa estatal. Mientras la situación no se resuelva, y en fechas críticas como es el invierno, la Consejería de Sanidad tendrá que hacer frente al incremento de pacientes.

Menos desembarco en la pública
Los Presupuestos Generales del Estado aprobados hace una semana derogan el último artículo gracias al cual sobrevivía la colaboración entre las Administraciones públicas y la sanidad privada. La Comunidad de Madrid era la principal beneficiaria del mismo con 81.706 trabajadores madrileños, de los cuales 63.405 eran funcionarios. Por ello mantenía el sistema desde 1999 -cuando se eliminó por primera vez- gracias a una prórroga concedida por el Estado que acaba justo ahora.

Con esta iniciativa la Comunidad de Madrid, que puso el grito en el cielo en septiembre al conocer las intenciones del Estado, evita que más de 60.000 personas desembarquen de golpe en el sistema público y contribuye que las empresas sanitarias privadas no pierdan una parte importante de su negocio justo ahora que amenaza la recesión económica.

Consolidar el empleo y la carrera profesional
El acuerdo deberá rubricarse una vez los sindicatos lo sometan a votación en sus órganos, pero éste no es el único de los que la Consejería de Presidencia e Interior les trasladó en la Mesa de la Función Pública, ya que en próximas reuniones se abordará también la tan demandada consolidación del empleo para interinos, la carrera profesional y la mejora de la formación para promover un mejor servicio al ciudadano.