La operación suscrita consta de dos partes: la concesión del estadio del Consistorio al Club colchonero y la venta final del estadio. La concesión del estadio se realizaría, según el documento, hasta el 31 de diciembre de 2016. En este tiempo, se tendrían que lleva a cabo numerosos trámites administrativos y operaciones urbanísticas. El Atlético tiene que llevarlas a cabo en tres años y tendrán un coste total de 194,9 millones de euros (que pagará FCC como parte del pago por el suelo del Manzanares, aparte del derribo del Calderón).

La sucesión de acontecimientos se desarrollará como sigue. El Ayuntamiento tiene tres meses para entregar al concesionario (el Atlético) el proyecto de traslado y remodelación y quince días para la aprobación conjunta del mismo. Será entonces cuando se pedirán las licencias urbanísticas, que se tramitarán en un máximo de cuatro meses.

Posteriormente, el Consistorio entregará al Club el proyecto de ejecución. El Gobierno municipal contratará, pagará y dirigirá al equipo de obras. Un mes después se firmará un acta de replanteo y se supervisará que las obras se ajustan a los proyectos acordados. En este momento, comenzarán las obras de remodelación de La Peineta y su entorno urbanístico. Se aumentarán las localidades hasta 74.000 espectadores (20.000 más que el Vicente Calderón), se mejorarán los accesos de transportes, se construirán aparcamientos, etcétera.

Centro comercial
En esta fase, el Atlético tiene derecho a explotar instalaciones a usos vinculados al Club. Por ejemplo, y probablemente, un centro comercial parecido a la esquina del Bernabéu. El Ayuntamiento, entre esos usos, incluiría una base del Samur de 1.800 metros cuadrados. El Atlético tendría que pagar 5,8 millones de euros como garantía de toda esta operación en los próximos quince días.

Si se organizan los Juegos, finalmente, el estadio, aparte de la remodelación que lleven a cabo los colchoneros, sería objeto de otra obra. Se recubriría el estadio de una fachada especial relacionada con los Juegos. El Ayuntamiento sufragaría parte de esta operación dentro de la inversión de infraestructuras olímpicas. El Atlético debería pagar 4,7 millones de euros dentro de esta operación.

El proyecto de esta obra se entregaría antes de octubre de 2014 por el Consistorio y el de ejecución antes del 31 de mayo de 2015, para empezar las reformas el 1 de junio de 2015, fecha en la que el estadio pasaría a ser de uso municipal hasta el 31 de diciembre de 2016.

Concesión
Al concluir la concesión, caben dos posibilidades, la compra o la extensión de la concesión ya existente. Si el Atlético 'paga' el dinero de la operación, se quedaría con la propiedad del estadio. Si no fuese posible, otra opción sería que se extendiese la concesión anterior del Gobierno Municipal hasta los 75 años, aunque luego el estadio revertiría al Consistorio. Para optar a esta concesión, el Atlético tendría hasta 2019 para formalizar la misma, avisando con dos años de antelación.

Hasta entonces, no pagaría ningún canon por el estadio y a partir de entonces pagaría 1,6 millones actualizables con el IPC año a año. En el caso de que el Ayuntamiento no pudiese modificar el Plan General de Ordenación Urbana para que se realizase la operación, tendría que pagar una indemnización al Atlético equivalente. El estadio y la parcela están valorados en 41,17 millones de euros. Este valor tendría que pagarlo el Atlético, pero el Ayuntamiento cuadra esa cuenta de los usos siguientes.

Si hay Juegos: 31,4 millones por la cesión del estadio durante el uso olímpico, 4,4 millones por el alquiler de la base del Samur, 3,3 millones por los gastos de traslado del club del Atlético de Madrid, la factura de los gastos del traslado forzoso del Atlético a jugar a otro estadio -que probablemente sea la ciudad deportiva que el club posee en Alcorcón, que próximamente será remodelada- y la cesión de entre 500 y 1.000 entradas por partido de Liga y Copa del Rey al Consistorio que se utilizarían como promoción entre los escolares de los valores del deporte.

Eventos deportivos
Si no hay Juegos: los gastos de Samur, entradas y traslado se mantendrían y el Atlético pagaría en especie reservando ocho días al año desde 2009 (es decir, hasta que la Peineta esté adaptada, se realizará esta tarea en el Calderón) para que el Ayuntamiento organice allí eventos relacionados con el deporte por un coste total de 320.000 euros anuales.

Esta compleja operación ha sido posible gracias a un juego a seis bandas que comienza en 2005. Los agentes implicados son: la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, el Atlético de Madrid, la empresa cervecera Mahou-San Miguel, Martinsa-Fadesa y FCC. El 26 de enero de 2005 el Atlético suscribe un protocolo con Comunidad y Ayuntamiento en el que muestra sus intenciones de usar el estadio de la Peineta.

El proceso continuó el 31 de julio de 2007, cuando Mahou, Atlético y Ayuntamiento acordaron lo siguiente: el Atlético se trasladaba al estadio Olímpico cediéndolo temporalmente en caso de que Madrid fuese ciudad olímpica, como explica el convenio anteriormente citado; el Ayuntamiento de Madrid conseguía que se demoliese el estadio Vicente Calderón en una zona en la que se quiere desarrollar parte del proyecto Madrid Río; Mahou vendía los terrenos de su antigua fábrica cercana al Manzanares. El resultado era en esa zona que el terreno de Mahou y parte del liberado por el Atlético, un total de 175.000 metros cuadrados, se vendían a Martinsa-Fadesa para la creación de 1.700 viviendas libres. Allí, el suelo que recibe el Consistorio en cumplimiento de la Ley se utilizará de la siguiente manera: 6.000 metros cuadrados de zonas verdes y 12.000 para ampliar el colegio Tomás Bretón.

Soterramiento
El espacio restante del antiguo Calderón, también lo obtenía la constructora, pero dentro de los términos del acuerdo, revertía al Ayuntamiento, que planeaba allí crear dos zonas verdes.

Una de 31.000 metros cuadrados resultante del espacio liberado, y otra de 21.000 metros obtenida al soterrar el tramo de la M-30 que pasaba por el Calderón y que, por motivos técnicos, no se podía soterrar cuando se realizó la intervención. Martinsa-Fadesa, dentro de la operación, se comprometía a acometer el soterramiento de la M-30, las zonas verdes, llevar a cabo la obra de La Peineta, pagar a Mahou y construir las viviendas a cambio del aprovechamiento lucrativo que recibiese de ellas. Al presentar Martinsa-Fadesa un concurso de acreedores (suspensión de pagos), FCC se hizo con sus activos y se comprometió a realizar la operación.

El convenio suscrito este viernes no ha modificado esta ficha urbanística, aunque fuentes municipales han asegurado a Madridiario que el soterramiento de la M-30 sí va a tener coste para el Consistorio. Exactamente, el Ayuntamiento pagará el 43 por ciento de esta operación, que supondría soterrar 300 metros de circunvalación, que estaría concluido en apenas unos meses.

Aguas revueltas
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha explicado que la operación tiene una mentalidad a largo plazo incluida dentro de las labores de legado de la candidatura olímpica y rompe con  la tendencia conservadora que, a veces, sufren las ciudades a la hora de avanzar. "Vamos en la proa de un barco sobre aguas revueltas para tratar de conseguir ser una ciudad de referencia mundial", comentó el regidor.

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, celebró el acuerdo dando fe de la adhesión del Club al proyecto olímpico y valorando la oportunidad histórica para la mejora de las infraestructuras del club. El consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, se congratuló de la "muy importante operación", que valoró como un convenio que "garantiza la viabilidad" del club de fútbol y que fortalece la candidatura olímpica de Madrid 2016.