Según informa este martes el diario El País, desde ese momento, los concejales destituidos denunciaron en público otras actuaciones sospechosas del gobierno municipal. Ahora, los jueces de la Audiencia Provincial consideran que los ediles "denunciaron los hechos irregulares de los que tuvieron noticia". El alcalde, el concejal de Urbanismo y el presidente del PP local Mario Mingo se querellaron contra los ediles expulsados y los acusaron de difamación. La audiencia ha desestimado la querella.

Desde que Pacios y Tintó se opusieron a la urbanización del AHN fueron perseguidos por el PP local. De hecho, en el boletín del PP local publicado el 3 de noviembre de 2006 se anunció que los concejales habían sido imputados por un presunto delito de calumnias antes de que los querellantes presentaran la denuncia, el 5 de diciembre de ese mismo año. El alcalde y otros concejales populares acusaron a los ediles díscolos de "defender intereses privados en lugar de los públicos" según informa El País.

Ante estos ataques, los dos ediles denunciaron, en octubre de 2006, ante la Fiscalía Anticorrupción las supuestas irregularidades urbanísticas. Ambos ex ediles deslizaban en su escrito hechos como que el PP local cobraba dinero a un empresario a cambio de favores urbanísticos -revelan conversaciones con un constructor que asegura que le pidieron dinero a cambio de concederle el permiso para construir un aparcamiento subterráneo-. O que la concesión del servicio de limpieza y mantenimiento de los parques se adjudicó supuestamente con presiones a un ex concuñado de Mario Mingo. El fiscal, sin embargo, archivó la causa por falta de pruebas.

La organización madrileña del PP no tardó en expulsarles del partido, pero los ediles no entregaron su acta de concejal hasta mayo del año pasado cuando se celebraron elecciones municipales. Pacios y Tintó han abandonado la vida política.

Pero en julio de 2007, Galbeño remitió el plan urbanístico de reclasificación del AHN a la Comunidad. De este modo lanza la pelota al Ejecutivo regional gobernado por su mismo partido. Desde entonces, el plan duerme en las dependencias de la Consejería de Medio Ambiente. Mientras el silencio administrativo frena las voces en contra de la recalificación, una veintena de catedráticos e investigadores han presentado hasta cinco informes que defienden "los valores ambientales de la zona y la necesidad de preservarlo".