El pasado 31 de agosto, casi un mes después de que entrara en vigor la Ley de Medidas Urgentes del Gobierno regional, dos agentes forestales adscritos a este municipio del norte de Madrid solicitaron una autorización judicial para acceder a una finca forestal privada, con el objetivo de inspeccionar la zona.

En el auto el titular de este Juzgado desautoriza dicha petición, puesto que "la entrada en fincas o domicilios de carácter privado se limita a los supuestos de vivienda habitada". Y en este caso, la finca "no reúne ese carácter y no es un domicilio".

Aduce que la Ley Autonómica no determina "un nuevo régimen de autorización judicial, distinto o diferente de aquel, que no sería posible en el marco de una nueva Ley Autonómica". "Los jueces de instrucción -señala el auto- no pueden aplicar o arrogarse facultades del orden estrictamente administrativo sobre la actividad profesional de un cuerpo administrativo".

Por todo ello, el juez recalca que no es necesaria autorización penal para "el acceso a fincas, terrenos, parcelas o edificios en construcción que no reúnan la característica de viviendas ya habitadas".

De acuerdo con la Ley de Montes de abril de 2006, la resolución subraya que los agentes forestales son "efectivamente" agentes de la autoridad con "la capacidad explícita de interposición de denuncias" ante un juzgado.

Así, según afirman los representantes sindicales de los agentes forestalesen un comunicado, "los hechos vienen a desautorizar y poner de manifiesto que las fincas forestales no son domicilio", en contra de las posiciones del gobierno de la Comunidad de Madrid.

El comunicado critican también las declaraciones de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, en alusión a los agentes forestales por "falsas, tendenciosas e interesadas" y afirma que "los agentes forestales de la Comunidad de Madrid realizan su trabajo con gran profesionalidad".

También consideran "falsa" la "pretendida seguridad jurídica" para "justificar" la Ley de Medidas Urgentes, como "lo pone de manifiesto el reciente hecho de que agentes forestales hayan tenido que declarar por circular por un camino vecinal público, como consecuencia de la denuncia interpuesta por el propietario de una finca".

Ecologistas en Acción
Ecologistas en Acción consideró este martes que la actuación de los jueces en lo que respecta a las autorizaciones judiciales para el acceso de los agentes forestales a fincas o terrenos de titularidad privada pone de manifiesto "la inconsistencia" de la Ley de Medidas Urgentes y "la falta de previsión" del Gobierno de Esperanza Aguirre a sus consecuencias.

La responsable de la organización en Madrid, María Ángeles Nieto, señaló que dos autos de un Juzgados de Instrucción de Alcobendas y otro de Colmenar Viejo, que determinan que no es necesario un permiso judicial para acceder a fincas que no estén habitadas, demuestran que la normativa es "un caos", aunque reconoció que las resoluciones son "imprecisas" al recomendar que estos asuntos se tramiten en lo Contencioso-Administrativo.

En el caso de que las autorizaciones se lleven por esta última vía, la portavoz de Ecologistas en Acción insistió en que los agentes forestales tendrían que esperar al menos tres años para conocer la resolución del Juzgado ante la actual sobrecarga de asuntos que registra.