Será la Mesa de la Asamblea quien decida ahora cuál es el trámite que seguirá la nueva normativa en la Cámara Regional, que será una ley "de consenso y para todos", según Fátima Peinado, del grupo socialista.

Eulalia Vaquero, de IU, calificó la iniciativa de "saludable" y señaló que "habla de convivencia de verdad" entre todos los sectores afectados, "los profesores, las familias, los chicos y chicas de los centros fundamentalmente de Educación Secundaria".

La nueva normativa no debe quedarse en un catálogo de sanciones y faltas, sino abarcar también la "organización de los centros, las tutorías, los apoyos a los centros y las necesidades de todos los actores, especialmente de los alumnos".

La ley debe hacerse "para atraer al alumno al centro educativo y no para expulsarse", agregó, y criticó el Decreto de Convivencia aprobado por el gobierno regional, que sí contempla la posibilidad de expulsión del centro educativo en caso de falta grave o de traslado durante la enseñanza obligatoria.

José Mata, de UGT, subrayó la "gran expectativa" creada por esta iniciativa de que sirva para "lograr un consenso real en educación", que permita "buscar y corregir" los fallos en el entorno y la sociedad que inciden en la convivencia escolar.

Francisco García, de CCOO, indicó la necesidad de elaborar una normativa "integral" en sustitución del Decreto actualmente en vigor, porque "regular los derechos y deberes de los alumnos no es suficiente".

José Luis Pazos, de la FAPA Giner de los Ríos, apostó por "una ley que establezca un marco de convivencia escolar y su mejora día a día".