La principal petición de los agentes es la aprobación definitiva de un reglamento que, según Palomo, "regulará todas sus funciones" y servirá como "base jurídica" para la labor del colectivo, y que, a pesar de haber recibido luz verde del Consejo de Gobierno, "todavía no ha sido remitido por la Comunidad al Consejo de Estado", aseguró el sindicalista.

"Nos parece vergonzoso que esta normativa lleve diez meses en el cajón", afirmó, y añadió que también exigen al consejero que el futuro reglamento reconozca su potestad como policía judicial, tal y como ocurre con la legislación estatal. "Solicitamos que el reglamento se apruebe e incluya nuestro carácter de agentes de la autoridad, algo que la Consejería nunca ha aceptado", apuntó el representante sindical.

Asimismo, explicó que la nueva base jurídica incluiría otras de las reivindicaciones de los agentes, tales como una reducción de la jornada laboral -según dijeron, actualmente trabajan un mes y medio más que el resto de los funcionarios regionales- y un aumento del número de cursos de formación destinados al colectivo. "Tenemos un curso y medio al año -señaló- y todos los agentes ya han pasado por el mismo alguna vez".

Por otra parte, el sindicato denunció que, a su juicio, el Gobierno regional "está privatizando el servicio" de prevención y extinción de incendios y pretende "quitar competencias" a los forestales mientras que "la responsabilidad final recae" sobre el cuerpo.

La respuesta del consejero
Por su parte, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Mariano Zabía, ha asegurado que la Consejería "deja actuar con normalidad" a los agentes forestales regionales y "nunca ha dejado de tramitar" denuncias ambientales y urbanística y calificó como "total y absolutamente falsas" las quejas formuladas ayer por UGT y CC.OO de Madrid sobre la "restricción de la potestad de policía judicial" de estos funcionarios.

   Zabía aseguró que la instrucción del 29 de noviembre de la Dirección General de Medio Natural, que pedía a los agentes que se abstuvieran de remitir directamente a los juzgados los presuntos ilícitos penales de los que tuvieran conocimiento, se puso en circulación en colaboración con la Fiscalía de Medio Ambiente "para mejorar los servicios de protección".

   "Una minoría de agentes forestales remitían directamente denuncias a los juzgados y en muchos casos, al no ser puestos en conocimiento de la Consejería, muchos infractores no podían ser sancionados y otras veces eran remitidas sin la documentación necesaria", apuntó Zabía.