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El procedimiento de infracción contra España por las obras continúa abierto
La Comisión Europea vigilará que se haga estudio ambiental de la M-30
13-03-2007 - MDO/EFE
La Comisión Europea "seguirá muy de cerca el cumplimiento" por parte del Ayuntamiento de Madrid de su obligación de realizar un estudio de impacto ambiental sobre las obras de la M-30, según el compromiso que contrajeron las autoridades españolas con Bruselas en el marco del procedimiento de infracción abierto por este motivo y que, sin embargo, de momento "permanecerá abierto".

Esta es la respuesta que ofreció el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, al eurodiputado del PSOE, Carlos Carnero, quien preguntó qué  "medidas" piensa poner en marcha la Comisión para "asegurarse de que estos estudios y evaluaciones se llevan a cabo en tiempo y forma debida".

 "La Comisión seguirá de cerca la puesta en marcha de estas medidas y, de momento, el caso de infracción continúa abierto", respondió el comisario. Además recordó que Bruselas incoó un procedimiento de infracción en abril de 2006 debido a que el proyecto de la M-30 "no había cumplido apropiadamente" la normativa comunitaria sobre el análisis de los efectos sobre el medio ambiente de ciertos proyectos públicos y privados.

 En julio de ese año, las autoridades españolas explicaron a la Comisión que "estaban dispuestas a seguir sus directrices para terminar con el procedimiento de infracción", indicó Dimas. Después de más comunicaciones entre las partes en las que Bruselas indicó exactamente qué era necesario hacer, a finales de 2006 "las autoridades españolas accedieron a tomar medidas para reparar la infracción".

Asimismo, Dimas puntualizó que España presentó en Bruselas "un calendario para el cumplimiento de tales medidas" y sus autoridades "prometieron" suministrar información de los progresos que, precisamente, el comisario que la Comisión seguirá "de cerca".

Por otra parte, Carnero planteó otra pregunta sobre la M-30, relativa a la seguridad en los túneles ya inaugurados. Sobre este asunto la respuesta ha sido  que la Comisión seguirá este asunto "para asegurarse de que se aplica apropiadamente la ley" de la UE, aunque apunta que la competencia para hacer la evaluación la tiene, en el caso de España, la Secretaría de Estado de Infraestructuras y Planificación del Ministerio de Fomento.

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