Ruiz-Gallardón tiene como uno de sus principales objetivos para esta legislatura acabar con la prostitución y la delincuencia que sufren algunos barrios de la capital. Para ello, quiere poner en marcha una serie de medidas que, entre todas ellas, irán destinadas a hacer de Madrid una ciudad más segura. Para lograrlo el Ayuntamiento ya está estudiando la posibilidad de expropiar las licencias de los varios sex-shop concentrados en el Centro de la capital. De esta forma, la Casa de la Villa quiere evitar que en ciertas zonas se localicen este tipo de actividades.

Pero no es la única medida que Ruiz-Gallardón ya ha adelantado. De hecho, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno ha anunciado que el Ayuntamiento ha registrado, este jueves, en la Delegación del Gobierno la solicitud de autorización para instalar treinta y una videocámaras en la calle de Montera y en las adyacentes a la plaza de Santa María Soledad Torres Acosta, en los barrios de Sol y de Universidad. El área en la que se propone reforzar la vigilancia incluye también la Gran Vía entre Red de San Luis y Callao. La instalación de este sistema de videovigilancia, que entraría en funcionamiento a finales de año y cuyo coste rondaría el medio millón de euros, es la solución propuesta por el Ayuntamiento para mejorar la seguridad en esta zona.

Y es que la peculiar conflictividad que afecta a estas zonas del Centro ya llevó al Gobierno municipal a implantar en marzo de 2004 un servicio especial de vigilancia intensiva, que permanece en funcionamiento en la actualidad. Está integrado por 50 efectivos que operan en tres turnos para cubrir las 24 horas del día. El trabajo de este operativo se ha traducido en que en estas calles el porcentaje de intervenciones policiales, detenidos y denuncias es prácticamente el doble que en el resto de barrios de Centro, o de cualquier otro distrito de la capital. En tres años y dos meses se han realizado 125.612 intervenciones; 1.539 detenciones y 110 denuncias por tenencia de armas. Y sólo en los cinco primeros meses de este año se han realizado 15 intervenciones policiales por motivo de reyertas.

En esta misma área de influencia, el número de intervenciones de la Policía Nacional es también muy significativo: 1.447 infracciones penales en 2006, de las que 450 de ellas corresponden a delitos contra las personas y el patrimonio. Sin embargo, y como ha reconocido el alcalde, "el trabajo conjunto de los Cuerpos de Seguridad no son suficientes para acabar con los altos índices de delincuencia" que hay en este espacio de la capital. De ahí la necesidad, en opinión de Ruiz-Gallardón, de instalar las 31 cámaras que estarán protegidas por carcasas antivandálicas.

Sin embargo, la instalación de las cámaras de videovigilancia pueden tener como consecuencia que las prostitutas que ejercen por la zona se desplacen a otras parte de la capital. Ante esta posibilidad, el alcalde ha manifestado que "no será automático", ya que este tipo de actividades requieren infraestructuras que "en algunos casos son muy costosas", en relación a los pisos o pensiones que se utilizan para la práctica de la prostitución. Precisamente para evitar que los propietarios o inquilinos de las viviendas del Centro, en los que actualmente se ejerce la prostitución, se trasladen a otros pisos Ruiz-Gallardón ha informado que se van a poner en marcha diferentes controles que tendrán que contar con la colaboración de los dueños de las diferentes pensiones y las comunidades de vecinos.