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El Ayuntamiento espera que el fallo acabe con la "inseguridad jurídica"
El Tribunal de la UE juzgará la remodelación de la M-30
El Tribunal de la UE juzgará la remodelación de la M-30
13-02-2007 - MDO/EFE
Un juzgado madrileño remitirá el proyecto de ampliación y reforma de la M-30 al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) para esclarecer si cumple con la vigente normativa comunitaria sobre evaluación de impacto ambiental de determinados proyectos. El Ayuntamiento espera que el fallo del Tribunal europeo ponga fin a la "inseguridad jurídica" que ha padecido el consistorio.

Así figura en el auto del Juzgado Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid facilitado por el abogado de la asociación Ecologistas en Acción, Jaime Doreste, quien explicó que ésta es la primera cuestión prejudicial de carácter medioambiental que se transmite desde la justicia española hasta la más alta instancia de la legislación comunitaria, el Tribunal Europeo de Luxemburgo.

Según se desprende del auto judicial, existen "dudas" sobre la posibilidad de que las obras de la citada vía de circunvalación puedan eximirse de la correspondiente evaluación de impacto ambiental, al considerar el juez que representa una "magna y compleja obra fragmentada como quince proyectos distintos".

Asimismo, afirmó que, con un fallo negativo, al alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, "le será más difícil eludir la ley en sucesivas ocasiones", tales como el proyecto del "by-pass" norte de la M-30.

En principio, el fallo, que será inapelable, no conllevará sanciones económicas para el consistorio, pero si sentará precedentes para obras civiles posteriores.

Por su parte, el director general de Desarrollo de Infraestructuras de Madrid, Chema Ortega, ha asegurado que el Ayuntamiento "confía y espera" que el Tribunal de Justicia de la UE, "acabe con la inseguridad jurídica que el Consistorio ha padecido en este asunto".

Ortega explica que el Ayuntamiento "no se opone en ningún caso" al planteamiento de la cuestión porque, en primer lugar,"todos los tribunales en Madrid que han resuelto sobre este asunto y el Consejo de Estado han dado la razón al Consistorio, por lo que la posición jurídica de la corporación es muy sólida".

Asimismo, el director general de Desarrollo de Infraestructuras apuntó al "deseo" de la Administración local de que "se aclare de una vez la aplicabilidad de la normativa comunitaria a este tipo de proyectos y si la regulación española que traspone esta normativa comunitaria es o no correcta y adecuada para el cumplimiento de los fines de la directiva".

   "Las consecuencias materiales que pudiera tener, eventualmente, una resolución del Tribunal de Justicia sobre este asunto ya han sido afrontadas y resueltas por el Consistorio mediante el acuerdo alcanzado con la Comisión Europea, que ha aceptado la propuesta del Ayuntamiento de realizar un estudio de impacto ambiental de los proyectos ya realizados hasta el momento de manera conjunta", concluyó.


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