La portavoz de IU, Inés Sabanés, denunció la "situación irregular" de esa "subestación móvil", que en su opinión debería haber sido objeto de un estudio de impacto ambiental, que es lo que planteaba en su iniciativa además del cese inmediato de actividades y que se incoara el correspondiente expediente sancionador a Unión Fenosa.

Sin embargo, para la concejala de Urbanismo, Pilar Martínez, no se trata de una subestación ni fija ni siquiera provisional, sino de una unidad móvil, que por lo tanto no requiere obras de infraestructura sino únicamente una conexión. La responsable del Urbanismo madrileño argumentó que no sólo no precisa de estudio de impacto ambiental sino que además no necesita más que una licencia de ocupación de dominio público y de vallado, que es lo que se concedió la Junta de Distrito de Moncloa. Martínez aseguró asimismo que "no ha existido ningún tipo de infracción" y por tanto no aceptó incoar expediente sancionador alguno.

El socialista Pedro Santín estuvo de acuerdo con Sabanés en que la puesta en marcha de un dispositivo como éste "requiere algo más que una licencia de ocupación" y relacionó la postura del equipo de Gobierno con las "cesiones, permiso y autorizaciones" dadas a las empresas que hacen posible de una u otra forma, en este caso con suministro eléctrico, las obras de reforma de la M-30, algo que negó absolutamente la responsable de Urbanismo.

Vuelta al pacto antiterrorista
Por su parte, el Grupo Popular ha aprobado en solitario una propuesta para solicitar al Gobierno que "rectifique" su política antiterrorista y "vuelva a la acordada en el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, que impide cualquier tipo de acuerdo o negociación con ETA". La proposición del PP sostiene que "de la violencia terrorista no pueden extraerse negociaciones, cesiones o ventajas políticas" y defiende "que la aplicación estricta de la Ley, la actuación independiente de la Justicia y la eficacia policial son los instrumentos decisivos para derrotar a ETA".