La secretaria de Políticas de Igualdad del Partido Socialista de Madrid (PSM), Ángeles Álvarez, expresó la preocupación de su formación política "al ver que el Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF) está actuando de un modo temeroso y plagado de los presupuestos ideológicos de los sectores más integristas de la región, a los que, por cierto, el Gobierno autonómico financia muy generosamente".

Para el PSOE, la Comunidad de Madrid "no es que impida el aborto, pero cuando puede, no informa adecuadamente de las posibilidades, reprimiendo este derecho". Lo que debería hacer el Ejecutivo autonómico, según los socialistas, es "informar de todas las opciones, explicando qué consecuencias tienen unas y otras".

Por ello, Álvarez pidió a la Comisión de Tutela del IMMF, que el martes próximo tomará una decisión en base al informe psiquiátrico emitido esta semana, que "tenga en cuenta cuál es su función: informar veraz, amplia, rigurosa e imparcialmente a la menor de cuáles son los derechos que le asisten, que incluyen su derecho a interrumpir el embarazo, así como garantizar su salud y seguridad una vez haya tomado libremente su decisión", indicó la socialista.

En la misma línea, la secretaria de Políticas de Igualdad del PSM criticó al Gobierno de Esperanza Aguirre por "eliminar las subvenciones a los grupos que promueven la planificación familiar y la información saludable de sexualidad y, en contra, financiar, cada vez con más dinero, a organismos e instituciones integristas que promueven métodos anticonceptivos no eficaces o, directamente, rechazan el uso de esos métodos", lo que, en su opinión, "ha llevado a que Madrid sea la Comunidad en la que más aumenta el número de abortos".

Críticas de la Fundación Vida
Esta polémica surgió el pasado martes a raíz de una denuncia de la Fundación Vida (FV), publicada por La Razón, acerca de una niña tutelada por la Comunidad de Madrid que vive en un centro de acogida de Aldeas Infantiles y está embarazada de dos meses. Según el diario, la organización criticaba a la Comunidad de Madrid por haber encargado el informe psiquiátrico, pertinente para interrumpir un embarazo, a la clínica Dátor, un centro autorizado para practicar abortos.

Sin embargo, el director de FV, Manuel Cruz, aclaró que su crítica no iba dirigida a la presidenta del Instituto, Paloma Martín, o al Gobierno regional sino a la funcionaria del IMMF encargada de este caso, quien "obstaculiza que se realice otro informe psicológico para contrastar el que ya existe, que es tendencioso", afirmó Cruz.

Tampoco se está permitiendo, según denuncia FV, dar "información completa a esa niña sobre sus otras opciones, sobre las ayudas que existen si no aborta, y sobre las consecuencias y secuelas de tomar esa decisión" algo que, dicen, es habitual. Pero además, en este caso, "ni siquiera se está intentando disolver las motivaciones que tiene para abortar, que son fundamentalmente sociales y culturales", añadió.

La niña, procedente de Marruecos, "tiene familia de segundo grado en España, y teme que pueda haber represalias si, finalmente, da a luz", explicó el director de FV, que apostilló que "no es que le hayan amenazado directamente con una llamada ni nada de eso, pero sí existen las circunstancias culturales por las que teme que pudiera pasar algo".

Además, Fundación Vida criticó que "de forma habitual, se le pidan este tipo de exámenes a la clínica Dátor, cuyo interés es facturar, por lo que no da ninguna garantía de objetividad". Para Cruz, el informe que la clínica ha emitido está "falseado", porque la niña "no cumple el tercer supuesto", que autoriza la intervención si existe grave riesgo físico o psíquico para la progenitora, según la Ley.

"La clínica Dátor pervierte la psicología con este tipo de informes, la falsean y la utilizan a su gusto, porque no se puede diagnosticar que alguien vaya a tener una crisis psicológica en el futuro basándose en un embarazo actual", subrayó Cruz.

Protocolo regional
Por su parte, la Comunidad justificó la actuación del IMMF diciendo que sólo aplicó un protocolo ya establecido. Fuentes de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales explicaron que "en estos casos, el protocolo se activa automáticamente: la paciente pasa a la Dirección Territorial de la Seguridad Social, que la deriva a un centro, perteneciente a una lista de clínicas concertadas con el sistema público, donde se le hace el informe psiquiátrico".

Además, el IMMF "ofreció otras alternativas a la menor, apoyo psicológico, y se le han explicado las ayudas que existen y las opciones que puede tomar, además del aborto", añadieron las mismas fuentes.

El próximo martes la Comisión de Tutela de la menor decidirá si se autoriza el aborto o no en base al informe psiquiátrico y al consentimiento escrito de la niña. Si finalmente se decide por esta opción, la Seguridad Social costeará la intervención en la propia clínica Dátor.