Gallardo ha calificado de "claro perjuicio contra el interés público" estas prácticas, porque, a su juicio, estos docentes dedican buena parte de su tiempo a estos asuntos " y no a los alumnos" y solicitó que si desean ejercer libremente la profesión renuncien a sus plazas o pidan una excedencia "porque no puede permitirse la incompatibilidad descarada, y el lucro incontrolable, porque fomenta y fermenta la corrupción del funcionariado docente".

En la denuncia, Gallardo, criminólogo e ingeniero de profesión, ha afirmado que el letrado-jefe de los Servicios jurídicos de la UPM, Juan Manuel del Valle, le reconoció que "nada impide a los profesores hacer un número ilimitado de peritajes judiciales por cualquier cuantía, y no se controla nunca si la cantidad declarada a la universidad es, efectivamente, toda la cobrada por la partes en litigios para los que requieran sus informes".

"Sobresueldos incontrolados"
El denunciante entiende que "no es lo mismo" un informe o estudio genérico, amparado por la normativa universitaria, que un dictamen pericial ratificado en un juzgado, y considera que los docentes que realizan estos últimos "están haciendo competencia desleal, entre otros motivos, porque utilizan recursos públicos materiales (laboratorios con abundante instrumental para investigación, despachos, salas, ordenadores, fax, teléfonos e Internet) y humanos (administrativos, becarios y estudiantes)".

"Incumplen descaradamente la normativa sobre incompatibilidades para ganar sobresueldos nunca controlados por la institución pública para la que trabajan, y, además, hacen uso de sus imágenes y símbolos en informes que firman individualmente, como si la Universidad y las Escuelas de Ingeniería, y sus respectivos departamentos, avalasen sin reservas todo lo manifestado en cada uno de los informes que presentan en juzgados, como si fueran autoridades y no lo son", ha añadido.

Asimismo, argumenta su denuncia con ejemplos. En el primero alega que el subdirector de Investigación, Doctorado y Centro Tecnológico de la UPM, Ramón Álvarez, participó como perito de parte para la empresa Ernest & Young en el juicio sobre la rotura de la Balsa Minera de Boliden de Aznalcóllar, "teniendo dedicación completa como docente y ni haber pedido nunca la autorización de compatibilidad para peritar".

En segundo caso, expone que el catedrático del departamento de automática, Rafael Aracil, realizó varios dictámenes para procedimientos judiciales de la Sociedad General de Autores (SGAE). "Este caso resulta especialmente grave por haberse utilizado el escudo de la UPM y porque la propia universidad participa con la SGAE en varios proyectos".

Por otro lado, Gallardo aseguró que los servicios jurídicos de la UPM autorizan a sus catedráticos, "y presumiblemente también a sus profesores titulares" a realizar informes periciales "de manera contraria a lo establecido en el espíritu y letra de la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas"