"Esta solución significa en la práctica que la Comisión Europea considera suficientes las explicaciones remitidas y que, por tanto, con el cumplimiento de dichas condiciones, no emitirá dictamen motivado por infracción contra el Reino de España", auguró Martínez. En este sentido, la edil explicó que, en su respuesta, la Comisión Europea "acepta" las medidas que el Consistorio propuso en su día, esto es, "elaborar un estudio ambiental de los proyectos ya realizados o en ejecución, y poner en marcha un procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental de los tres proyectos pendientes".

   En los últimos tres casos, el procedimiento "completo" incluiría "un estudio de impacto ambiental, un periodo de información pública, una evaluación de la autoridad ambiental competente y la emisión de una declaración de impacto ambiental". La responsable municipal indicó que, aparte, la CE solicita al Ayuntamiento de Madrid un calendario para la realización de todas esas acciones, para lo cual "se está trabajando ya para dar cumplimiento" a dicha petición.

   A su juicio, "es muy alentador que la Comisión haya apreciado que el Ayuntamiento ha actuado en todo momento de buena fe y en cumplimiento de la normativa española". "Esa ha sido nuestra actitud desde el principio y nuestra forma de proceder, como queda acreditado por las nueve sentencias de los tribunales que así lo atestiguan", agregó.

Cumple la legalidad
Martínez insistió en que "el Ayuntamiento en este caso, como en todos, ha seguido escrupulosamente la legalidad y no es responsable, en absoluto, de que existan defectos de transposición de las normas europeas al derecho español". "Este conflicto jurídico -argumentó- lo hemos sufrido pero no le hemos creado. Lo único que podíamos hacer para resolverlo es lo que hemos hecho, ofrecer una solución política, de buena voluntad, que permita zanjar este asunto".

   En este punto, la concejal avanzó que el Consistorio se dirigirá de nuevo al Ministerio de Medio Ambiente para "instarle a que resuelva definitivamente esta situación, de modo que ningún alcalde, ningún ayuntamiento, tenga que pasar por una situación semejante a la que hemos vivido en Madrid".  Martínez concluyó expresando su convencimiento de que las obras de reforma de la M-30 "van a terminarse en los plazos comprometidos con los ciudadanos, con todas las garantías y tal como comenzaron, es decir, respetando escrupulosamente la legalidad".